Nota: Este artículo fue publicado en español el 6 de diciembre. To read this article in English, click here.
Poco después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, la mayoría de los miembros del consejo en la ciudad de Santa Ana, con gran población de inmigrantes, dejaron claro que su ciudad se negaría a cooperar con deportaciones bajo Trump.
Y ahora están preparados para hacerlo oficial.
Una resolución aprobada el martes llama a la inmigración “la piedra angular” del desarrollo de Estados Unidos y declara Santa Ana “un santuario para todos sus residentes, sin importar su estatus migratorio”.
La resolución continúa diciendo que la ciudad “no gastará ningún fondo de dinero, ni usará sus recursos, incluyendo personal para administrar la ley federal de inmigración que es la autoridad exclusiva del gobierno federal”.
Específicamente, si la propuesta es aprobada, la ciudad y su departamento de policía decidirán no hacer lo siguiente:
Cumplir la ley federal de inmigración o tomar acción contra una persona “únicamente por su condición migratoria”.
Recopilar o divulgar “información confidencial acerca de los residentes”, como el estatus migratorio, “excepto en la medida en que sea necesario para proporcionar el servicio en cuestión o según lo requiera la ley”.
Proporcionar “a las autoridades federales información no disponible públicamente sobre cualquier individuo con fines de inmigración”, a menos que la ciudad esté “contractualmente obligada” a hacerlo.
La resolución también pide que todos los empleados de la ciudad sean capacitados sobre la nueva política, y la ciudad buscará crear “una comisión o grupo de trabajo” de miembros de la comunidad para monitorear el cumplimiento de la ciudad.
Trump hizo reprimir a la inmigración ilegal una de sus promesas centrales de su campaña, prometiendo crear una “fuerza de deportación” para eliminar a todos los 11 millones de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos. Trump ha suavizado su retórica desde las elecciones, pero ha dejado claro que las deportaciones aumentarán bajo su administración.
Santa Ana, que alberga a más de 340,000 residentes, se cree que tiene entre las proporciones más altas de inmigrantes indocumentados de cualquier ciudad estadounidense de su tamaño o más grande. Más del 40 por ciento de los adultos de la ciudad no son ciudadanos, muchos de ellos indocumentados.
Si la resolución pasara el martes, Santa Ana sería la primera ciudad santuario oficial en el condado de Orange, y se uniría a grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y San Francisco al negarse a cooperar con deportaciones a pesar de la promesa de Trump de “ cancelar todos fondos federales a Ciudades Santuarios”.
Al tomar esa postura, Santa Ana también podría estar arriesgando más de $120 millones en fondos federales que está programada para recibir en los próximos años, dicen las autoridades.
El financiamiento incluye subsidios de vivienda pública de la Sección 8, Beca de Bloque para el Desarrollo Comunitario para vivienda asequible y programas contra la pobreza, financiamiento del Departamento de Justicia para servicios policiales y dinero para transporte y mejoramiento de parques.
La resolución propuesta pide al personal de la ciudad que monitoree los esfuerzos para recortar la financiación federal “como resultado de las políticas de la Ciudad para proteger y defender a su comunidad de inmigrantes”, y para que el personal “tome todas las medidas necesarias para proteger dicha financiación”.
No está claro qué implicarían esas acciones.
Aunque la resolución pide que se ponga fin al uso de las instalaciones de la ciudad para la aplicación de la ley de inmigración, sí permite que su cárcel siga siendo alquilada a los federales como centro de detención de inmigrantes.
Permite que la ciudad se involucre con la aplicación federal de inmigración si “contractualmente está obligada”, lo que incluiría el contrato de la cárcel con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Alrededor de 150 detenidos de inmigración están en la cárcel en cualquier dado día, y la política actual es eliminar lentamente el contrato de ICE entre ahora y 2020.
Pero en su primera reunión después de la elección de Trump el 8 de noviembre, los miembros del consejo señalaron un deseo de terminar el contrato más rápidamente.
Ellos están programados para votar el martes sobre qué hacer con el contrato. Las opciones presentadas por el personal incluyen la reducción de los detenidos de inmigración a 128 en cualquier momento, la búsqueda de propuestas para un estudio sobre la reutilización de la cárcel para otros fines y cualquier otra acción solicitada por la mayoría del consejo.
Si el consejo lo aprobara, la resolución de la ciudad del santuario sería firmada por el alcalde Miguel Pulido, quien se ha opuesto enérgicamente a la inmigración ilegal en el pasado.
Cuando se presentó por primera vez para el Concejo Municipal en la década de 1980, describió “el problema de los extranjeros ilegales” como una “epidemia”, y siguió oponiéndose a la inmigración ilegal a mediados de los años noventa. Su posición actual no está clara.
La reunión del consejo del martes comienza a las 5:45 p.m. en el Ayuntamiento de Santa Ana.